La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este miércoles que la prueba del polígrafo, realizada el martes al defensor del pueblo, Tarek William Saab, y al contralor general de la República, Manuel Galindo; «fue promovida ilegalmente».
En una entrevista televisiva, la máxima representante del Ministerio Público señaló que «respecto a las pruebas del polígrafo, han sido promovidas ilegalmente, porque era un antejuicio por falta grave, pero después por delitos que no se sabe cuáles son y ahora el Tribunal (Supremo de Justicia) es un órgano investigativo, es decir, esto es una anarquía».
Ortega Díaz advirtió que el antejuicio de mérito que se lleva a cabo en su contra «es una forma de distraer el punto de mi denuncia sobre la designación de los magistrados el 23 de diciembre, quienes son ilegítimos e ilegales».
Con respecto a este proceso de designación, presentó la comunicación que envió al Consejo Moral Republicano, que tiene la lista de los aspirantes a ser Magistrados y el 17 de diciembre, quien era Presidente, envía la lista a la Asamblea Nacional. «Sin embargo, hay un magistrado que fue seleccionado que en ninguna de las dos listas está incluido».
Privados de Libertad
La Fiscal General se pronunció nuevamente sobre los casos de privados de libertad que ya poseen una boleta de excarcelación o una medida sustitutiva y que no han recibido dicho beneficio.
Ortega Díaz denunció que no posee información sobre los motivos por lo que permanecen detenidos los 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao y el diputado Wilmer Azuaje.
«Hace pocos días atendimos a la esposa de uno de ellos (de los PoliChacao), porque no hay quien de respuesta, hay un limbo jurídico, no hay a quién preguntarle quién dio esa orden de mantenerlo preso», relató.
Además, subrayó que «la justicia venezolana se está manejado con caprichos», para luego agregar preguntar «¿Por qué el estado no usa su poder para hacer que se cumpla la ley?».
En el caso del diputado Wilmer Azuaje, la Fiscal General reveló que conversó telefónicamente con el privado de libertad, quien le contó que permanece «encadenado a una escalera. No hemos podido verlo a pesar que la Constitución señala que el Ministerio Público tiene la potestad de verificar el estado de los detenidos».
«Lo que nos narraba es que estaba en esas condiciones y que no lo trasladaban al baño, a pesar que solicitamos una definición jurídica por cuanto las condiciones por las que fue detenido no la conocemos», reclamó.
Aclaró que hay otros casos en los que los cuerpos de seguridad el Estado han detenido a ciudadanos y estos no han sido presentados al Ministerio Público, por lo que a su juicio «ellos no están detenidos».
«Cuando una persona comete un delito, la autoridad aprehensora debe ponerlo a la orden del Ministerio Público, pero eso no ha ocurrido, por lo que asumimos que no han sido detenidos», denunció.
Protección al MP
Por otra parte, Ortega Díaz recordó que la solicitud que introdujo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección del Ministerio Público y sus trabajadores, se debe a las agresiones que han sufrido desde abril de este año.
«Hay que preservar la institución del Ministerio Público, es notorio y comunicacional los ataques que hemos sufrido en el Ministerio Público, en donde han colocado tarimas frente a las sedes donde actores del gobierno nos gritaban insultos, también hubo un momento en el que los funcionarios salían de la sede principal y eran atracados por civiles armados y agredirlos físicamente», acusó la Fiscal.
Además, informó que los trabajadores del Ministerio Público pudieron cobrar su quincena este martes 18 de julio, debido a un retraso que sufrió la transferencia de fondos desde las demás instituciones del Estado.
Ante esta situación, la Fiscal destacó que «voy a hacer todo lo posible por proteger a sus trabajadores».
Fuente: Globovisión
